La pobreza de los jubilados

El 13,5 por ciento del haber mínimo se gasta en servicios públicos, mientras que ese porcentaje era de 6,18 en diciembre de 2023.

os jubilados están en situación de “pobreza energética” aún en los términos del propio Gobierno, que no toma medidas para aliviar esa carga.

Las facturas de los servicios públicos esenciales aumentaron notablemente en lo que va del Gobierno de Javier Milei: las subas se concentraron en la primera mitad de 2024, mientras que se moderaron en la segunda mitad con un Gobierno preocupado por el impacto inflacionario. Aún así, esos aumentos quedaron muy por encima de la suba de los ingresos; y en especial en el caso de las jubilaciones mínimas, que fueron parte central del ajuste fiscal “más grande en la historia de la humanidad”.

De acuerdo a un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) en mayo los servicios públicos de luz, agua y gas representaron el 13,5 por ciento del haber mínimo jubilatorio. Los servicios más que duplicaron su participación en el ingreso de los jubilados que cobran la mínima desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, producto de la quita de subsidios y la revisión tarifaria que ejercieron durante 2024. La importancia de los aumentos de los servicios es tal que llevó a discutir por la propia elaboración del índice de precios con que el Indec mide la inflación, el cual subestima el costo de los servicios.

Ese 13,5 por ciento es significativo además en los propios términos del Gobierno. Según manifiesta el informe de Deuco, en el Decreto 465/2024 –que establece un período de transición hacia subsidios energéticos focalizados, basados en una “canasta básica energética”, que no logró aún ponerse en práctica- se pauta que cuando el gasto en servicios públicos supera el 10 por ciento del ingreso se estima que hay “pobreza energética”. Se establece la vulnerabilidad del usuario en estos casos, de modo que casi 5 millones de usuarios jubilados se encuentran hoy en esa situación, pero no reciben asistencia estatal.

Deterioro

El universo de adultos mayores que cobran el haber mínimo jubilatorio se estima en 5 millones de personas. Es decir que el Estado tendría que otorgar subsidios a esa cantidad, dado que son considerados vulnerables. E inclusive esa cantidad podría aumentar, dado que en el Decreto 465/24 se explica que el porcentaje de los costos energéticos sobre los ingresos totales considerados para ser vulnerable podría bajarse y “ajustarse progresivamente a las necesidades del contexto nacional y al nivel de ingresos del hogar”.

fuente: Página

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